El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de julio una nueva legislación sobre los mercados y servicios digitales con el fin de frenar las prácticas abusivas de las grandes empresas del sector. Las nuevas reglas obligarán a las empresas online a proteger a los usuarios del contenido ilegal, aumentar la responsabilidad y limitar las posiciones dominantes de los gigantes tecnológicos en el mercado.

La normativa, que se articula en dos leyes (Ley de Mercados Digitales y Ley de Servicios Digitales) contempla un estricto marco de obligaciones para regular la actividad empresarial de las principales empresas de tecnología como Google, Amazon, Apple, Microsoft o Facebook

Ley de Servicios Digitales

La Ley de Servicios Digitales, que entrará en vigor en toda Europa a partir del 1 de enero de 2024, establece obligaciones precisas para los proveedores de servicios digitales, como las redes sociales, mercados electrónicos o motores de búsqueda. Su objetivo es neutralizar los contenidos ilegales en línea, obligando a las plataformas a intervenir rápidamente, respetando la libertad de expresión y la protección de datos. Además, incluye otras obligaciones como:

  • El endurecimiento de los requisitos de trazabilidad y de los controles a los comercios en línea para garantizar la seguridad de los productos y servicios.
  • El refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas: información clara sobre la moderación de contenidos.
  • La prohibición de prácticas engañosas y de ciertos tipos de publicidad selectiva o de rastreo, así como la prohibición del uso de datos de menores para ofrecerles anuncios personalizados. Además de prohibir interfaces engañosas o los llamados «patrones oscuros» y de toda acción diseñada para manipular las elecciones de los usuarios.

Las plataformas y los motores de búsqueda de mayor tamaño tendrán que cumplir unos requisitos más rígidos. Entre ellos, figura la imposición de auditorías independientes o la obligación de ofrecer a los usuarios la posibilidad de no recibir anuncios personalizados basados en su perfil.

Ley de Mercados Digitales

La Ley de Mercados Digitales establece disposiciones aplicables a las plataformas que actúen como «guardianes de acceso» en el sector digital, es decir, grandes plataformas en línea cuya posición dominante aboca a prácticamente todos los usuarios a utilizarlas, como puede ser el caso de Google.

Esta normativa tiene por objeto evitar que los guardianes de acceso impongan condiciones injustas a las empresas y usuarios finales. Los guardianes de acceso, por ejemplo, tendrán que garantizar que los usuarios finales puedan cancelar fácilmente su suscripción a los servicios básicos de plataforma o desinstalar servicios básicos de plataforma preinstalados, detener la instalación de programas informáticos por defecto junto con el sistema operativo, proporcionar datos de rendimiento publicitario e información sobre precios de anuncios, permitir a los desarrolladores utilizar sistemas alternativos de pago integrados en las aplicaciones o permitir a los usuarios finales descargar tiendas de aplicaciones alternativas. Además, no podrán dar preferencia directa a sus propios servicios en favor de otros de terceros.

Tras la aprobación de esta ley, las plataformas consideradas “guardianes de acceso” deberán:

  • Permitir que terceros interoperen con sus servicios. Esta medida abre la puerta a que las plataformas más pequeñas soliciten a las plataformas de mensajería dominantes que sus usuarios puedan intercambiar mensajes, enviar mensajes de voz o archivos de una aplicación de mensajería a otra. De esta manera, los usuarios disfrutarán de una mayor oferta de servicios y no quedarán limitados a una aplicación o plataforma
  • Permitir a los usuarios profesionales acceder a los datos que generan en la plataforma del guardián de acceso, promover sus propias ofertas y celebrar contratos con sus clientes, al margen de la plataforma del guardián de acceso.

La Ley de Mercados Digitales comenzará a aplicarse seis meses después de su entrada en vigor. Los guardianes de acceso dispondrán de un máximo de 6 meses a partir de su designación para cumplir con las nuevas obligaciones.

Ahora que los legisladores europeos han dictado normativa, queda por ver qué cambios y de qué forma se adaptarán las grandes tecnológicas a la aplicación de las reglas. No será extraño que, durante este proceso, seamos testigos de casos de sanciones.