En noviembre de 2022 se aprobó la Ley de Servicios Digitales para proteger a los usuarios frente a los abusos de las grandes tecnológicas y dotar de seguridad el entorno digital. Este nuevo reglamento se aplica a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con bienes, servicios o contenidos.

No hay duda del impacto que las grandes plataformas de internet tienen en la economía nacional, tanto a nivel de competencia de mercado como en el ámbito de privacidad y protección de los datos de los usuarios. Google, Amazon o Facebook forman parte de nuestras vidas diarias desde hace dos décadas. Sus ventajas son evidentes, pero su posición dominante en el mercado las convierte también en un potencial riesgo contra los derechos fundamentales de las sociedades y de la economía, pudiendo influir negativamente sobre la democracia, la seguridad o la salud pública. Según la Ley de Mercados Digitales, estas corporaciones tienen la consideración de Guardianes de Acceso entre terceras empresas y usuarios de internet.

Por ello, con el paquete de la Ley de Servicios Digitales, la UE introdujo un conjunto de normas para los servicios de intermediación en línea sobre cómo deben diseñar sus servicios y procedimientos. Las nuevas normas incluyen nuevas responsabilidades para limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos en línea, aumentar la protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información.

Gracias a estas nuevas regulaciones, los usuarios disponen de un mayor control sobre el contenido que visualizan en línea. Así, tienen información más precisa sobre las razones detrás de las recomendaciones de contenido y pueden negar o retirar su consentimiento para publicidad personalizada. La Ley también prohíbe por completo la publicidad dirigida a menores y la publicidad basada en datos confidenciales, como orientación sexual, religión y etnia. Además, los usuarios han pasado a estar más protegidos de contenido ilegal y perjudicial.

Estas regulaciones, diseñadas para fomentar la innovación, el desarrollo y la competencia, beneficiarán a las pequeñas y nuevas empresas al permitirles competir en igualdad de condiciones con las grandes. Asimismo, la Comisión Europea puede realizar investigaciones de mercado y tomar medidas correctivas en caso de infracciones sistemáticas de las normativas.