La Comisión Europea (CE) ha iniciado una investigación dirigida a gigantes tecnológicos, como Apple, Alphabet y Meta, debido a sospechas de incumplimiento de la nueva Ley de Mercados Digitales, una regulación antimonopolio diseñada para regular el poder de mercado de las grandes plataformas en Europa, que fue aprobada en noviembre de 2022.

En el centro de la investigación está el indicio de que Apple y Alphabet no han implementado medidas suficientes para permitir que los desarrolladores de aplicaciones móviles se comuniquen directamente con sus usuarios, ofreciendo ofertas fuera de las tiendas de aplicaciones (App Store y Google Play) de estas empresas sin tener que abonar una tarifa.

Además, se cuestiona si Alphabet está dando prioridad a sus propios servicios en el buscador de Google sobre los de la competencia, como se evidencia en sus secciones de «Google Shopping», «Google Flights» y «Google Hotels”. Esto incumpliría la normativa europea, al tratar más favorablemente sus propios servicios o productos.

Revisión de políticas

La Comisión también está examinando la efectividad de los cambios realizados por Apple para cumplir con la normativa, especialmente en lo que respecta a la facilidad para que los usuarios desinstalen las aplicaciones móviles preinstaladas en sus dispositivos, como el navegador Safari, en favor de alternativas.

En relación con Meta, la CE está investigando la opción de pago que ofrece a los usuarios que desean mantener separados sus datos personales en sus diversas plataformas, cuestionando si esta alternativa garantiza realmente la privacidad.  Este hecho supone el incumplimiento de la obligación de recabar el consentimiento de los usuarios para cruzar sus datos personales entre servicios de la misma plataforma.

La investigación se espera que concluya en un plazo de 12 meses, y se inició apenas dos semanas después de que varias empresas, incluidas Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon y ByteDace, comenzaran a cumplir con la ley de mercados digitales. Este movimiento de Bruselas se produce en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos también está intensificando la supervisión sobre las grandes corporaciones.

Si la investigación confirma las sospechas, la Comisión Europea puede exigir medidas correctivas, incluyendo multas de hasta el 10% de la facturación global de las empresas infractoras, o hasta el 20% en casos de infracciones reiteradas. Además, se podría obligar a las empresas a desprenderse de parte de sus negocios.