La Unión Europea trabaja desde hace año y medio para que el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que unificará las distintas leyes existentes de los 28 países miembros en este ámbito, entre en vigor en 2014. En estos momentos se encuentran en plena discusión para lograr que en toda la UE exista una regulación uniforme, con lo que cada Estado estará sujeto a una misma norma. En lo que respecta a España, el nuevo reglamento endurecerá nuestra vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

La iniciativa de la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, está sometida durante estos días al juicio de los Estados miembros, que pretenden suavizar las exigencias para la industria. De momento, hay alrededor de 4.000 enmiendas presentadas al texto, todo un récord, por lo que, si finalmente se aprueba el próximo año,  será un éxito. Por su parte, Estados Unidos también está presionando para que una regulación tan restrictiva como la prevista no salga adelante y ante las sospechas de que la nueva norma podría perjudicar sus intereses en esta materia.

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En lo concerniente a los países miembros de la UE, el reglamento, tal y como figura en la propuesta de Reding, obligará a todas las compañías, entidades públicas y organismos a contar con un supervisor que garantice el cumplimiento de la nueva normativa. Según informó el diario “El País” el pasado 22 de julio, ésta es la parte de la nueva ley que no gusta a algunos Estados, que pretenden que dicha obligación no sea universal y sea solo aplicable a aquellas empresas u organismos que manejen información sensible, concepto que, por otra parte, habría que definir y articular. De quedarse como está, las pymes serían las mayores afectadas por la nueva norma.

Otro punto que ha generado cierta inquietud es que, con el nuevo reglamento, el almacenamiento y utilización de datos personales en internet requerirá un consentimiento explícito del usuario. Según este diario, el Gobierno estadounidense intentó influir en la regulación e hizo circular en la cúpula de la Comisión Europea una carta para tal fin. Y es que Google, Apple o Microsoft, entre otras, están presionando a las autoridades de este país para que éste, a su vez, ejerza la debida presión sobre la UE.

Falta por ver cómo quedará regulado el denominado “derecho al olvido” en internet, entendido como la facultad para exigir a buscadores de internet que borren, o no indexen, informaciones con datos personales.

El marketing directo, uno de los negocios más rentables de internet, no está amenazado, según el texto definitivo que Viviane Reding presentó el pasado enero. La comisaria habría retirado el punto por el que la publicidad directa solo se podría dirigir a los usuarios que hubieran aceptado previamente recibirla. Quedaría por ver cómo actuará la UE contra aquellas webs que hacen un uso fraudulento de los datos de carácter personal de los usuarios de internet y que están ubicadas en países no miembros.

Lo que sí conseguirá la nueva norma, si sigue adelante tal y como está redactada, es un aumento considerable del régimen sancionador, sobre todo si se compara con el previsto en la LOPD española, que castiga con multas que van de los 900 a los 600.000 euros a los que incumplan la Ley de Protección de Datos.