«Ley de inteligencia artificial». El pasado 11 de marzo, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que busca regular de manera segura y ética la implementación de esta tecnología en el país.

El objetivo principal de la normativa es garantizar que los sistemas de IA no representen un riesgo para las personas y los derechos fundamentales. Algunos ejemplos de prácticas prohibidas son: el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, causando un perjuicio considerable a la persona o explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o situación socioeconómica para alterar sustancialmente comportamientos de modo que les provoque o pueda provocar perjuicios considerables. Además, la ley requiere que las empresas que desarrollen y utilicen IA implementen medidas de transparencia y protección, exigiendo a los empleados/as formación sobre su uso adecuado y responsable.

Sistemas de Inteligencia Artificial de alto riesgo

Entre las disposiciones clave, se encuentran los sistemas de IA considerados de alto riesgo, los cuales deberán cumplir con estrictas normas de seguridad y supervisión.

El anteproyecto de ley asigna la supervisión del cumplimiento del Reglamento de IA a varias autoridades, incluidas la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial (para sistemas de IA en el ámbito de la justicia) o la Junta Electoral Central (para sistemas que IA que afecten a procesos democráticos). También serán competentes el Banco de España (para sistemas de clasificación de solvencia crediticia), la Dirección General de Seguros (para sistemas de seguros) y la CNMV (para sistemas de mercados de capitales).

Sanciones por incumplimiento de la «ley de inteligencia artificial«

En cuanto al régimen sancionador, el anteproyecto clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. El anteproyecto establece: “Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de hasta 35 millones de euros o, si el infractor es una sociedad o grupo de sociedades, de hasta el 7% del volumen de negocios total mundial correspondiente al ejercicio anterior, si este límite superior fuese mayor que al anterior. Las sanciones no sólo incluyen multas, sino también medidas adicionales, como la retirada de productos o la desconexión o prohibición de sistemas de IA que representen un riesgo significativo.

El anteproyecto de ley, que se tramitará por la vía de urgencia, deberá completar los trámites preceptivos antes de su aprobación definitiva y envío a las Cortes Generales. Con esta medida, España da un paso significativo hacia una regulación más robusta de la inteligencia artificial, alineándose con los estándares de la Unión Europea para asegurar un entorno digital seguro, ético y respetuoso con los derechos humanos.