El Gobierno español ha aprobado una reforma de la Ley del Derecho de Rectificación para incluir a usuarios de redes sociales con amplia repercusión o seguidores. Esta medida, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia, busca que quienes difundan información falsa o inexacta en plataformas digitales estén obligados a corregirla, al igual que los medios de comunicación tradicionales.
La nueva normativa se aplicará a los denominados «usuarios de especial relevancia» (influencers), definidos como aquellos con más de 100.000 seguidores en una sola plataforma o 200.000 en varias. Estos usuarios deberán rectificar públicamente cuando publiquen contenidos falsos o inexactos que perjudiquen a terceros. Además, las plataformas digitales (Facebook, Instagram, Telegram o X) estarán obligadas a implementar mecanismos accesibles para gestionar las solicitudes de rectificación por parte de los afectados.
NOVEDADES DE LA REFORMA DE LA LEY DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Entre las novedades de la reforma, se amplía el plazo para solicitar una rectificación de siete a diez días y se elimina la obligatoriedad de dirigir la solicitud al director del medio, facilitando así el proceso. Se incluye también la obligación de incluir aviso de que la información ha sido rectificada en plataformas y medios digitales con la obligatoriedad de enlazar la rectificación y la información original. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que esta iniciativa busca mejorar la calidad del debate público y proteger a los ciudadanos de la desinformación.
Sin embargo, expertos del Ministerio de Ciencia y Tecnología consideran que la medida es insuficiente para combatir la desinformación en redes sociales. Argumentan que los bulos a menudo se originan en redes más pequeñas y se viralizan por los algoritmos de las plataformas, lo que dificulta su control únicamente mediante rectificaciones. Proponen, además, una mayor responsabilidad por parte de las empresas que gestionan las redes sociales y la eliminación del anonimato para fomentar la transparencia y responsabilidad en la difusión de información.
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